Ayer, el Senado aprobó el Proyecto de Ley 157 de “Conversión voluntaria de la clasificación de pequeña propiedad agraria a mediana o empresarial”, previamente sancionado en 2024 por la Cámara de Diputados.
Estamos ante uno (no el único) de los procesos más graves, silenciosos e invisibles, que ha enfrentado el régimen de tierras en Bolivia desde la Reforma Agraria de 1953. Un retroceso que remite, sin exagerar, a la época de Melgarejo. Les explico por qué.
No se trata de beneficios individuales. Se trata de cambiar las reglas del juego
A diferencia de episodios anteriores en los que se denunció la regularización «extraordinaria» de propiedades de figuras del poder, en su momento cuestionadas por instituciones como Fundación Tierra, como en Guarayos (casos «Laguna Corazón» y «Tierras Bajas del Norte», más de 30.000 hectáreas), lo que está en juego ahora no es un beneficio personal, sino una transformación estructural del régimen agrario.
Lo que esta ley plantea es mucho más ambicioso, derribar las barreras legales que protegen a la pequeña propiedad rural, y con ello, abrir la puerta a la captura empresarial de tierras hoy fuera de su alcance.
¿Cómo funciona el régimen de tierras en Bolivia?
En Bolivia existen seis tipos de régimen de tenencia de tierra:
• Tierra Fiscal (pública): 27,4 millones de hectáreas
• TCO/TIOC (Tierras Comunitarias de Origen): 25,5 millones ha
• Tierra Comunitaria (no indígena): 17,4 millones ha
• Propiedad Empresarial: 10,9 millones ha
• Mediana Propiedad: 5,7 millones ha
• Pequeña Propiedad: 9,7 millones ha
Estas categorías no solo difieren por tamaño, sino por su naturaleza jurídica, sujetos habilitados para ser titulares, y usos permitidos.
Hoy, solo las propiedades medianas y empresariales pueden ser adquiridas por empresas agroindustriales. Pero hay un límite: son menos de 10.000 predios en todo el país (alrededor de 3.000 empresariales y poco más de 6.000 medianos). Es decir, son escasas y cada vez más caras.
Los demás regímenes (pequeña propiedad, tierra comunitaria y TCOs) están legalmente fuera del mercado empresarial. Y eso no es un error, es una protección diseñada para evitar que actores con poder económico, financiero y político desplacen a los sectores más vulnerables.
¿Por qué existen estas barreras?
Porque históricamente se ha entendido, incluso en gobiernos neoliberales, que permitir el ingreso de grandes capitales al mercado de tierras rurales sin regulación provoca procesos de acumulación por desposesión.
En términos simples, si no existen límites, los más poderosos terminan comprando, hipotecando o acaparando tierras de campesinos, indígenas o pequeños productores, especialmente cuando estos enfrentan pérdidas económicas, eventos climáticos extremos o deudas impagables. Y con ello, pierden su tierra, su casa y su forma de vida, sumándose a la migración rural empobrecida hacia las ciudades.
Por eso, la ley impide que estas tierras sirvan como garantía financiera y prohíbe su compra por empresas. Son tierras para vivir, no para especular.
¿Paternalismo? No. Realismo.
Algunos dirán que esto es una visión paternalista. Pero no se trata de proteger por proteger. Es una respuesta concreta a un contexto mundial donde el campo enfrenta una crisis sistémica y prolongada, marcada por el cambio climático, la financiarización del agro, el extractivismo y la desregulación.
Y donde no hay estas barreras, ya conocemos el resultado: concentración extrema de la tierra y despojo masivo. El caso de Paraguay es paradigmático: más del 83% de la tierra está en manos del 3%. El campo expulsó millones de personas empobrecidas, sin que eso se traduzca en desarrollo nacional. Desde 2009, Paraguay ha atravesado seis recesiones económicas. El modelo no funciona. Ni económica, ni ecológicamente.
Una vieja propuesta con nueva forma
En este contexto, Branko, como candidato presidencial, propuso la individualización de las tierras comunitarias. El argumento fue que las Bartolinas, los interculturales y otros sectores afines al MAS deberían poder usar su tierra , de forma individual, como garantía financiera y venderla si así lo desean. Algo paradójico e hipócrita sabiendo las posiciones políticas de Branko respecto a esos sectores sociales.
Aunque lo planteó como una medida de justicia, el trasfondo era claro: no se trataba de permitir que vendan “entre ellos”, sino que puedan venderle a “nosotros”, los empresarios.
Esa misma idea fue luego retomada por Libre (Tuto Quiroga), por Rodrigo Paz y otros actores de oposición. Una propuesta que nunca fue parte de la agenda de los sectores campesinos o indígenas, pero que, bajo la lógica de la “libertad económica”, se disfrazó de modernización.
¿La paradoja? Esos sectores han pedido muchas cosas, seguridad jurídica, apoyo técnico, acceso a agua pero no esto. Y sin embargo, esto es lo único que algunos actores políticos quieren garantizarles. Un interés que no nace de ellos, pero sí los expone.
¿Qué cambia esta ley, entonces?
Esta no es todavía la ley de individualización. Pero sí la llave maestra para lo que vendrá después.
Porque si una tierra TCO o comunitaria se individualiza, se convierte en pequeña propiedad. Y con esta nueva ley, esa pequeña propiedad puede ser reconvertida a mediana o empresarial, usada como garantía, y eventualmente transferida. En otras palabras, ya no habría barreras legales que impidan su compra por empresas.
Este es el punto clave, la ley no solo abre la pequeña propiedad al empresariado; abre todo el camino para que el día que se individualicen las tierras colectivas, también sean susceptibles de ser capturadas.
Un proceso sin debate ni transparencia
Este proyecto fue tramitado con rapidez, sin socialización, y con una opacidad alarmante. Hasta hoy, no se encuentra el texto completo en la web del Senado, ni las modificaciones, ni los informes.
¿Quién lo impulsó y respaldo? Organizaciones empresariales agropecuarias como la CAO, FEGABENI, FEGRASACRUZ, entre otras.
¿Quiénes no fueron consultados? Los pequeños productores del país, los cuales en 93% se encuentran fuera del oriente boliviano. Decir que esta norma los representa es una mentira. Esto no es democracia agraria. Es captura legislativa.
¿Y los temas realmente importantes? Bien, gracias.
En Bolivia, los desafíos agrarios urgentes son múltiples:
• Una revisión del FES (Función Económico-Social) que permita valorar prácticas agroecológicas, forestales y de conservación.
• Frenar el desmonte ilegal, el tráfico de tierras y la concentración encubierta, prohibida por constitución
• La titulación de territorios indígenas que Evo puso a la congeladora cuando se empezó a el desencuentro con CIDOB y CONAMAQ.
Pero de eso no se discute. Mientras el nuevo Legislativo apenas avanza en leyes significativas, esta norma se aprueba velozmente, sin debate público, sin transparencia, y sin evaluación de impactos socioeconómicos ni ecológicos. Aun no ha sido aprobado y la batalla sigue.
Desde una mirada de justicia socio-ecológica, hay que oponerse rotundamente a este tipo de leyes que abren la tierra al capital y desmantelan las protecciones históricas que aún la sostienen en pie.
La tierra no puede ser garantía financiera cuando es garantía de vida.
La tierra no puede ser mercancía cuando es territorio, historia y comunidad.
Y la libertad que se basa en poder vender la tierra no es libertad, es una trampa.
El nuevo ciclo legislativo tiene ante sí una prueba de fuego. Esta ley no puede pasar como si fuera una medida técnica, menor o voluntaria. Es el primer paso hacia una nueva ola de despojo legalizado.
Les invito leer nuestro editorial en Revista Nomadas del 15 de noviembre de 2025:
“Auditoría ambiental o socapamiento: La prueba de fuego del nuevo Gobierno de Bolivia”, donde abordamos temas conexos en profundidad.
Porque defender el régimen agrario no es resistirse al cambio y ‘’modernidad’’
Es resistir al despojo.
Fuente: Stasciek Cabezas, reenviado por una lectora de Wiphala Rebelde