La Plataforma por los Derechos Humanos de Santa Cruz, amparada en la Constitución Política del Estado (Art. 21-22), que consagra los derechos civiles y políticos: “a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” y consciente de que “la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”; en ese marco de respeto y garantía de los derechos de las personas y los pueblos expresa su solidaridad con las mujeres, las niñas/os, las/os jóvenes, las familias de los barrios, las comunidades y pueblos indígenas, quienes en medio del clima de precariedades y zozobras, ante la ausencia de respuestas a sus necesidades de alimento, salud, educación y trabajo, soportan la escalada de amenazas de las mismas autoridades “garantes” de los derechos constitucionales que asisten a la población boliviana.
La Plataforma por los Derechos Humanos de Santa Cruz, preocupada por el bienestar colectivo del país, con profundo respeto a la Constitución Política del Estado y a las normas vigentes, se dirige a las autoridades gubernamentales demandándoles respuestas oportunas al clamor de la población y la disminución del tono amenazador de la que hacen gala ciertas autoridades. Ese exceso de poder, contrariamente al resultado que busca, está abonando un clima de tensión que no le hace bien a nadie, generando un escenario de “sálvese quien pueda” en cual la gente busca individualmente su propio bienestar, atentando a los lazos de organicidad en los cuales se funda la sociedad boliviana, afectando así, la sobrevivencia de los pobres que radica en su capacidad organizativa. Los tonos amenazantes y las estigmatizaciones para el que sale a buscar, cómo traer el pan a la mesa nos está conduciendo a una sociedad donde no nos importa la vida de los vecinos. Las familias quieren certeza y poder ejercer toda la gama de derechos que poseen sin discriminaciones de ninguna clase.
Preocupadas/os escuchamos las amenazas en contra de los miembros/as de la Asamblea Legislativa Plurinacional, anunciándoles cárcel para quienes molesten a los militares que esperan ascensos después de su colaboracionismo en la asunción del gobierno de la señora Jeannine Añez, olvidando los principios que rigen la institucionalidad democrática; en un Estado Democrático sería al revés, es la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento) quien legisla, fiscaliza, interpela, censura y aplica medidas contra ministros que desconocen sus límites y van en contra ruta de la C.P.E.
Cuando las amenazas pasan a las acciones concretas
El 4 de Junio, dos días antes de celebrarse el “Día de la Maestra/o”, en plena pandemia, el Ministro Víctor Hugo Cárdenas despidió a 500 maestras/os, violando el DS. No.4199 (21/03/2020) emitido por su propio gobierno, el cual prohíbe los despidos de trabajadoras y trabajadores en el sector público y privado, además, violentando el Art. 77 de la CPE que señala: “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”, cayendo con ello en el incumplimiento de deberes contemplado en el Art. 154 del Código Penal.
Con el despido de trabajadoras/es de las instituciones públicas y privadas se viola flagrantemente el derecho al trabajo: “toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna” (Art. 46, CPE), sin embargo, se despidieron trabajadoras/es, médicos a quienes en manifestaciones de distintas índoles (marcha de médicos descamisados en La Paz, huelga de hambre de trabajadores en salud, hospital San Juan de Dios en Santa Cruz, entre otros) exigen suministros de bioseguridad, condiciones mínimas para cumplir su trabajo de cuidar la vida de quienes padecen el Covid-19 y el pago de sus salarios.
Nos preocupan las amenazas y la estigmatización de sedición a cualquier sector, actor o sujeto social que reclame atención, sobre todo, en lo correspondiente a la dotación de instrumentos de bioseguridad, tal fue el caso de los policías a quienes se les invitó a irse a sus casas, cuando reclamaron suministros de bioseguridad frente a los contagios por Covid-19 de varios de sus camaradas.
Recordar que la Policia, es la fuerza pública, que tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. Así lo establece la Constitución Política del Estado en el artículo 251. En el parágrafo 2, del art. 251, sentencia que la policía como Institución, no participa en acción política partidaria
Nos inquieta la situación de las personas privadas de libertad por supuestos efectos políticos, particularmente, la situación de Patricia Hermosa, Elena Flores, María Palacios y de todas las mujeres quienes esperan acceder a la justicia de manera imparcial y en los estándares de la debida diligencia, en coherencia con la CPE.
Nos alarman todas las amenazas que se vierten contra un pueblo indefenso que se debate entre el hambre, el desempleo y la letal amenaza del Coronavirus; no se puede seguir estigmatizando a las personas de “masistas”, “terroristas”, “sediciosas”, persiguiéndolas y encarcelándolas, cuando sólo reclaman sus derechos al trabajo, a la alimentación, a tener una cama y atención digna en un hospital para no morir en la calle.
Nos interpelan las innumerables denuncias de corrupción en la gestión y administración pública, en 7 meses de gestión se tiene una larga lista de casos que requieren ser investigados y aclarados públicamente, no se puede seguir perdiendo el tiempo imaginando enemigos donde no los hay, los corruptos y traidores a la Patria son quienes echan mano de lo ajeno para engordar sus propios bolsillos en tiempos de pandemia y en nombre de la defensa de la vida, haciendo abstracción del gran sacrificio del pueblo y olvidando sus necesidades de toda índole.
Por todo lo anterior, la Plataforma por los Derechos Humanos de Santa Cruz exige:
- Deponer las declaraciones y actitudes violentas para dar paso a un lenguaje que considere las normas vigentes como fuente inspiradora y de respeto a la dignidad de todas las personas.
- Ayudar a la democracia para NO intimidar y silenciar las voces que piden comida, salud, trabajo y transparencia en la administración del Estado.
- Reincorporar a sus fuentes laborales a las/os maestras/os despedidos durante la pandemia.
- Suministrar equipos e insumos de bioseguridad para todas las personas que están en contacto directo con quienes padecen el COVID-19.
- Transparentar todos los contratos que se hacen a nombre del pueblo boliviano, que están removiendo los cimientos de la legitimidad de las autoridades nacionales, provocando el caos y la incertidumbre en la población.
Santa Cruz, 22 de junio del 2020
Fuente: Plataforma DDHH Santa Cruz·Martes, 23 de junio de 2020