Al grito de «Somos Bolivia, no Cuba ni Venezuela» ingresó esta mañana el transporte pesado a la ciudad de Santa Cruz, sumándose al denominado «paro multisectorial». La paradoja de esta imagen concreta es que el transporte pesado, como el agronegocio, es uno de los sectores que más se beneficia del subsidio gubernamental al diésel. Es, además, un sector donde se han amasado grandes fortunas familiares, entre otras cosas, por la predominancia del comercio de importación de bienes acabados, la máxima expresión del carácter dependiente de la economía boliviana. El uso de esta consigna, tan trillada entre los sectores reaccionarios de la sociedad boliviana, es paradójico porque precisamente, tanto en el caso del transporte pesado, como del agronegocio, por ejemplo, la mayoría de las fortunas se fundan, entre otras cosas, en un subsidio estatal (nada más «socialista», en el fondo).
Aunque algunos portavoces de estas protestas se refieren a “un paquete de leyes”, es claro que el fondo del conflicto que tiene lugar ahora en Bolivia se condensa en el rechazo a la tan mentada Ley 1386. La primera curiosidad y aclaración necesaria es que esta Ley no establece ninguna disposición que atente contra la libertad de las personas, ni medidas draconianas, ni determinaciones “comunistas” de expropiación de la propiedad privada (concepto que también malentienden sus defensores más escatológicos). Tampoco existe un proyecto autoritario detrás de esta medida, aunque esta en realidad no es una preocupación real de algunos de los grupos movilizados, como se hizo claro cuando detentaron el poder político en 2020. Es más, la Ley ni siquiera se refiere a sectores específicos o establece medidas punitivas. La principal disposición de la ley es la aprobación de una estrategia: Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. ¡Vaya! Entonces, ¿quizás el problema se halla en este otro instrumento de política pública?
Como los mismos portavoces del gobierno han intentado aclarar –aunque esta afirmación es un poco condescendiente, porque lo hacen con una retórica que en realidad no ayuda mucho a solucionar el problema– el anexo a la Ley únicamente comprende una estrategia, en el marco del cumplimiento de acuerdos internacionales. Esta estrategia contiene un diagnóstico sobre la capacidad del Estado de gestionar el problema de las ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. En esta estrategia si están contenidas disposiciones legales en materia de sistema tributario, servicios financieros, aduanas e incluso tipos penales. Pero, ¿Qué creen? Son referencias a Leyes ya vigentes (es decir que ya existe). Los delitos a los que se refiere la estrategia (que no es una ley, es… una estrategia) ya están tipificados en el Cógido Penal. Por lo tanto, el relato de una ley draconiana que nos llevará al comunismo (que bello sería que solo hiciera falta una ley) no tiene un asidero.
Hecha esa aclaración (que todos podrían realizar, con tan solo googlear “Ley 1386 pdf”), lo que es más interesante con respecto a este conflicto es todo lo que revela, en términos sociológicos, de la sociedad boliviana. Lo primero es que, contra la tendencia a la simplificación de muchos “analistas”, no tiene lugar una “polarización” del país. Tampoco se trata de simples expresiones de machismo o de racismo, reducidos a ser simples fenómeno discursivo/políticos. Se trata, en efecto, de una movilización multisectorial, pero lo más revelador son los sectores específicos movilizados, sobre todo por en reacción al “fantasma del socialismo”. Los sectores que sobresalen son: las élites cambas vinculadas al agronegocio; el transporte pesado (ambos, como ya establecí antes, sectores altamente beneficiados por el subsidio a los carburantes); los gremiales (comerciantes minoristas y mayoristas); las cooperativas mineras (en particular las que explotan oro); y el transporte “libre” urbano.
A pesar de las características particulares, históricas y sociológicas, de cada uno de estos sectores, la gran pregunta es ¿Qué tienen en común? Pues, que son el resultado directo del carácter dependiente de la economía boliviana.
La economía boliviana es una economía en la que se producen muchos excedentes (en particular vía renta), que son rápidamente acaparados por élites sectoriales. En otras palabras, los principales sectores de la economía (agronegocio, hidrocarburos, minería) no generan riqueza que, siguiendo una lógica propiamente capitalista, posteriormente se transforme en capital. Una de las principales carencias de la economía boliviana es haber permanecido dependiente a la exportación de bienes primario y, en contraparte, no haber logrado desarrollar su aparato productivo industrial. Esto es algo en lo que coinciden, tanto los liberales de la vieja escuela, como los marxistas tradicionales y, en gran medida, tienen un punto válido. En consecuencia, la inmensa mayoría de la población pertenece a lo que Marx denominaba la población excedentaria relativa, o sea todos aquellos grupos que no forman parte activa del proceso de acumulación de capital. De hecho, uno de los efectos del giro neoliberal, en la actual fase histórica del capitalismo, ha sido el auge de las poblaciones excedentarias a escala global. Al no ser parte de ningún proceso de acumulación de capital, estos múltiples grupos sociales deben darse modos de “ganarse la vida”. De esto resulta que, como suplemento a nuestra economía dependiente y rentista, el resto de la actividad económica tenga que ver con el sector terciario (servicios y comercio). Una vez más, no hay o es diminuto el sector secundario (industria).
Dentro de la economía terciarizada, desde los años 80, con el transcurso al neoliberalismo, también tuvo lugar un auge de economías informales (que no es lo mismo que ilegales o irregulares, aunque tampoco excluye a estas últimas). La principal característica de las economías informales es la precariedad: ausencia de estabilidad de ingresos; predominancia de prácticas de autoempleo y “emprendedurismo”; formas de subsistencia variadas e inseguridad económica sostenida. Dentro de esta economía informal ingresan, de manera clara, los gremiales y el transporte libre urbano, por ejemplo, pero también toda la población urbana que tiene pequeños emprendimientos y que, en términos ideológicos, se considera a sí misma “capitalistas en formación” y, por ende, “formalizadores de la economía”. Por otra parte, ninguno de estos grupos sociales, que conforman la población excedentaria contemporánea, es homogéneo. En este caso no me refiero a una heterogeneidad cultural, sino y sobre todo a que al interior de los mismos tienen lugar procesos de diferenciación socioeconómica. En términos más sencillos, al interior de estos grupos hay élites y subalternos. Pero, el efecto cultural de formar parte de la población excedentaria, de que las estrategias de subsistencia muchas veces correspondan con la economía informal y del carácter precario (vulnerable) de su situación económica, hace que compartan narrativas reaccionarias, como se ha hecho evidente en el conflicto que nos ocupa.
En suma, el paro multisectorial reúne a élites económicas del sector primario, muchas de las cuales también se han formado por efecto de ser población excedentaria (cooperativas mineras por ejemplo); y distintos sectores del sector terciario cuyas economías son precarias y/o informales. No es de extrañar, entonces, que se vean tan preocupados por el prospecto de un socialismo de leyenda, que les quitará todo lo que tienen. Pero lo que complejiza la cuestión exponencialmente es el carácter heterogéneo de estos grupos. Por lo tanto, uno de los temas que permanece invisibilizado son las dinámicas de explotación y de opresión que ocurren al interior de estas economías y, en consecuencia, las formas en que los excedentes que producen son acaparados de forma desigual.
Otro tema que también es necesario descifrar son los escenarios en que la economía informal coincide con la economía irregular. Para abordar estas problemáticas hace falta salir del “análisis de analista” y pasar a la investigación seria. Una deuda pendiente de las ciencias sociales bolivianas es el análisis riguroso de estas contradicciones. Por ello, al inicio de este texto señalo que es un momento interesantísimo el de ahora, pues en el subsuelo de estas movilizaciones se hallan estas contradicciones profundas de la sociedad y la economía bolivianas.
No es novedad, para quienes me conocen que no soy ni fui ningún entusiasta del gobierno del MAS. De hecho, no puede caber duda que el empoderamiento político de las élites que buscan salvaguardar sus intereses detrás de estas movilizaciones, es en gran medida culpa de las gestiones anteriores del MAS. En el caso del agronegocio, por ejemplo, no solo se han favorecido por el subsidio al que me refiero antes, sino también por la continua ampliación de la frontera agrícola que fue activamente propiciada por el gobierno. En el caso de las cooperativas mineras, también ha sido un sector especialmente favorecido por el gobierno, por ejemplo con la otorgación de concesiones hasta en el ultimo rincón del pais y con una tributacion para la mineria aurifera cooperativista de tan solo 2.5%, una ganga con los precios altos del oro. Otro ejemplo picante es la reciente compra que se está llevando adelante de la Minera más importante del país, San Cristobal, por parte de nada más y nada menos que el barón del agronegocio Barbery, en asociación con los hermanos Carreage, de los cuales uno fue candidato a senador del MAS y que hicieron su fortuna también gracias a favores del gobierno.
Personalmente, como ciudadano preocupado, me interesaría mucho que exista información sobre todas estas operaciones colosales, por ejemplo. Por otra parte, esto es algo sobre lo que ya insistí antes, el auge de agendas y manifestaciones políticas reaccionarias es, en gran medida, también culpa del mismo MAS. Aunque en el trasfondo se hallan todas las contradicciones estructurales irresueltas, a las que me refiero antes. Ahora, el gobierno se ve en una situación complicada: No puede ni debe recular.
Fuente: J.P. Nery en Redes Sociales