Arce suma a líder de cooperativas auríferas a su gabinete.
El Gobierno del presidente Luis Arce Catacatora da un giro en su política minera. Este martes posesionó a Alejandro Santos Laura, que proviene de las cooperativas auríferas, sector que el año pasado protagonizó una protesta que paralizó a la ciudad de La Paz, en demanda de una ley para pagar menos impuestos y obligar a la entrega de más áreas de explotación.
Desde el 2020 (durante el Gobierno de Jeanine Añez), Santos Laura fue sugerido por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Bolivia (Fencomin) para que asuma como titular en el Ministerio de Minería. Este pedido también fue permanente durante los primeros años de gestión del presidente Arce.
Es más, su nombre fue sugerido el año pasado. No obstante, los trabajadores mineros de la empresa estatal Huanuni rechazaron esta propuesta.
Según reportes de medios de La Paz, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Minera de Huanuni, a través de su secretario general, Mario Argollo, advirtió que no permitiría que el sector cooperativista se haga del Ministerio de Minería y Metalurgia. “No podemos permitir que la minería estatizada sea manejada por los compañeros cooperativistas. Tenemos esa visión de precautelar este sector y estaremos atentos a lo que pase en el epicentro del país”, dijo a Radio Horizontes. Según reporte de Brújula digital, Santos pertenece a la Cooperativa Caracoles del departamento de La Paz y, cuando accedió a la máxima dirigencia del sector, el año 2013, prometió hacer aprobar leyes de minería contra los avasallamientos, de autorización para la explotación minera y otras en beneficio de su sector.
Sector observado
Santos representa a un sector que es el blanco de muchas críticas debido a las malas prácticas que emplean en la extracción de oro, en especial en el norte de La Paz. En esta zona otras organizaciones rechazan la presencia de las cooperativas debido al daño ambiental que producen al usar mercurio. Además, por los problemas que ocasionan las dragas en el cauce de los ríos.
A esto se suma un estudio del Cedla, que apunta a que este sector genera muchos ingresos, pero su aporte al estado resulta escaso.
Según esta entidad, en 2022, la explotación de oro marcó un récord en cuanto a volumen (53,4 toneladas) y valor ($us 3.073 millones).
De total, según el Cedla, el 99,5% de esa producción fue declarada como procedente del cooperativismo minero, que no paga impuestos, se asocia ilegalmente con capitales privados nacionales y extranjeros, y deja impactos ambientales significativos en el medioambiente.
“Se piensa que esos 3.073 millones de dólares benefician a los cooperativistas, pero, en áreas en las que las cooperativas se asocian con capitales privados, los socios extranjeros se llevan entre el 70% y el 80% de los ingresos generados por la operación aurífera”, apuntó Alfredo Zaconeta.
En este contexto, el nuevo ministro de minería tendrá que tender puentes con la minería estatal, en especial con el sindicato de Huanuni, que el año pasado dijo que impediría que un sector maneje el complejo estatal minero.
Fuente: Ernesto Estremadoiro Flores en: El Deber
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