Entrevista con Jhonny Pardo, líder sindical de los campesinos de Cochabamba.
El movimiento campesino de Bolivia fue un actor fundamental en los bloqueos de carreteras que en las últimas semanas marcaron un nuevo capítulo de la aguda crisis política que vive ese país. Brecha habló con uno de sus referentes para conocer la visión de este sector sobre la situación política actual.
Tras el cese de los bloqueos que cercaron varias ciudades bolivianas durante la primera mitad de agosto en protesta por la postergación de las elecciones, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba se mantiene en alerta. Sus integrantes, que forman parte de un entramado de federaciones campesinas que afirma tener unos 4 millones de afiliados, y que apoyan la fórmula del MAS, permanecen movilizados y en asamblea. En medio de ese trajín, su secretario ejecutivo, Jhonny Pardo, dialogó telefónicamente con Brecha.
—¿Habrá elecciones presidenciales en Bolivia en octubre?
—No confiamos en el gobierno y sus intenciones de ir a las elecciones del 18 de octubre, porque ellos sólo quieren dilatar las cosas. Cuando apareció el coronavirus, creyeron que eso los favorecería, pero mientras pasan los días hay más muerte y miseria en el país. El coronavirus vino a agravar las cosas para [la presidenta Jeanine] Áñez. Su único apoyo ahora son los Comités Cívicos, que además están pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Electoral. Por eso le hemos pedido a la Asamblea Nacional que frente a cualquier renuncia que se produzca en el Tribunal inmediatamente designe a los reemplazos, porque el gobierno va a usar esto para buscar nuevamente la suspensión de las elecciones.
—¿Qué puede pasar si se suspenden las elecciones de octubre?
—La política del MAS no es el golpe de Estado. Este gobierno tiene que irse expulsado por los votos. Pese a que nuestros candidatos Luis Arce y David Choquehuanca lideran las encuestas, nosotros no confiamos en ellas. Porque algunas son pagadas por ellos mismos para mostrar empates o incluso triunfos ajustados de sus aliados.
—¿A quién se refiere cuando dice «ellos»?
—Al imperio estadounidense, que quiere sostener a este gobierno en el poder. Ya lo ha hecho infiltrando recursos y personajes a través de organizaciones como la USAID. La parte de la oposición representada por Carlos Mesa y Fernando Camacho cumple las órdenes de Estados Unidos, son como agentes de la CIA en territorio boliviano.
—¿Y si hay elecciones en octubre y la presidenta Áñez no quiere dejar el poder?
—Áñez y el imperio estadounidense no van a querer entregar el poder el 18 de octubre. Van a hacer lo imposible por conservarlo. Pero nosotros consideramos que ese día Áñez debe dejar el gobierno sí o sí. A como dé lugar. A partir de ese día las cosas no serán fáciles para el gobierno del MAS, lo sabemos, pero estamos preparados para sostener a nuestros gobernantes con el pueblo movilizado.
No van a querer entregar el poder el 18 de octubre. Van a hacer lo imposible por conservarlo. Pero nosotros consideramos que ese día Áñez debe dejar el gobierno sí o sí.
—¿Cómo toman ustedes las recientes acusaciones contra Evo Morales por presuntas relaciones con mujeres menores de edad?
—Eso lo tiene que determinar la Justicia. Pero para nosotros, el gobierno y sus partidos cercanos están haciendo un uso político de acusaciones que para nosotros resultan falsas. Usan esas acusaciones para desacreditar al MAS, al movimiento social campesino, a los compañeros Lucho Arce y David Choquehuanca y en especial a nuestro compañero presidente Evo. Es política sucia.
—¿Están de acuerdo con las denuncias de Evo Morales acerca de que el golpe de Estado fue por el litio?
—No se olvide de que cuando se produjo el golpe, nuestro país había firmado acuerdos ventajosos con Alemania para explotar el litio. Pero no es sólo por el litio, sino por todas las riquezas que este gobierno junto al imperio estadounidense están saqueándole a Bolivia y al pueblo boliviano. Fue un golpe económico con la intención de despojar también al pueblo de los derechos conquistados en los últimos años junto con el gobierno de Evo Morales.
—¿Cómo ve usted la unidad del movimiento social, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos ha habido diferencias de estrategia?
—Las bases se unieron durante los recientes bloqueos y le demostramos al gobierno de la señora Áñez que el pueblo boliviano está unido. Es cierto que hubo desinteligencias y malentendidos hace algunos meses, pero frente a las políticas saqueadoras de este gobierno nos hemos unido más. Hoy estamos sólidamente unidos detrás de los compañeros que integran la fórmula del MAS.
—¿Qué puede decir de la situación social en este momento?
—Es grave. No sólo el pueblo movilizado denuncia al gobierno. Los crímenes de Sakaba y Senkata también fueron denunciados por la señora [Michelle] Bachelet, del organismo de Derechos Humanos de la ONU. Y el gobierno de Áñez, a través del ministro Arturo Murillo, ahora acusa a la ONU de no ser imparcial.
—El informe de Bachelet también recuerda la responsabilidad de Evo Morales en la crisis, por haberse presentado a las elecciones presidenciales a pesar del referéndum en su contra.
—Pero es que esa decisión del hermano Evo fue legal y constitucional. No quiera ahora el gobierno de Áñez esquivar la responsabilidad de la masacre por las balas policiales.
—¿Cómo planean seguir hasta el 18 de octubre?
—Mire, ahora mismo le estoy hablando a usted desde un ampliado [asamblea popular] donde estamos participando entre 500 y 800 hermanos del movimiento campesino de la Subcentral Sivingani, en el municipio de Vila Vila, Cochabamba. Nos mantenemos en estado de emergencia y movilización ante cualquier intento de frustrar las elecciones. Y vamos a acudir nuevamente a reclamar el respeto a la ley y al pueblo.
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