La última carta desesperada de la derecha boliviana

Un sector de la derecha boliviana no acepta la victoria del MAS y su toma de posesión el próximo domingo. Ya ha anunciado nuevas acciones de última hora para intentar detener lo que parece indetenible. Detrás de estas maniobras desesperadas existe una pregunta: ¿volverá esa derecha al carril democrático?

La noche del martes en el centro de La Paz se vio interrumpida por una imagen que recordó los meses del golpe de Estado del 2019: una columna de manifestantes con banderas de Bolivia, estruendos, se movilizó contra, lo que afirmaron, habría sido el fraude electoral del pasado 18 de octubre, donde el binomio de Luis Arce y David Choquehuanca logró una victoria con 55% de los votos.

La cantidad de asistentes fue mucho menor que las marchas del año pasado, y las consignas resultaron una muestra de la desorientación en medio de una derrota electoral: se escucharon insultos contra Arce, contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, contra toda la clase política por haber traicionado, acusaciones a Cuba, Venezuela y Argentina por ser dictaduras, invocaciones permanentes a Dios.

Quienes se movilizaron están convencidos que existió un fraude “informático y cibernético”, o incluso, como se escuchó, un embrujo en los votos. Sin embargo, su convencimiento no tiene el mismo consenso que el año pasado, donde muchas más personas estaban convencidas de la existencia de un fraude ante el cual protestar. “Perdieron y ya, asúmanlo”, dijo, por ejemplo, una chica a su amiga al pasar cerca de la concentración.

No es la única limitación que tienen para intentar masificar su protesta para desconocer el resultado, pedir una auditoria y la suspensión de la toma de posesión del nuevo gobierno prevista para el domingo 8. En contra de las posibilidades del nuevo intento de golpe de Estado se encuentra la división de la derecha: no existe, como el año pasado, un bloque unificado.

Sin embargo, las señales de alarma están encendidas, un sector de la derecha parece dispuesto a intentar jugar su última carta para detener lo que ya parece inevitable: la asunción del nuevo gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que será seguida por el regreso de Evo Morales a Bolivia desde su exilio en Argentina.

La geografía golpista

Los procesos golpistas recientes tienen una geografía y una direccionalidad en Bolivia: la fuerza principal se sitúa en el oriente, en el departamento de Santa Cruz, desde donde busca avanzar hacia el centro del país, centralmente la ciudad de Cochabamba, y también puntos como la ciudad de Sucre y Potosí, para finalmente alcanzar el centro del poder político en La Paz.

Es lo que sucedió en el 2019, un recorrido graficado en la figura principal del golpe de Estado, Luis Fernando Camacho, quien construyó su liderazgo en Santa Cruz y se desplazó hasta La Paz para los días finales del golpe. Camacho, quien resultó tercero en la elección del 18 de octubre con 14% de los votos, apoya el nuevo pedido de auditoría y acompaña el llamado a las protestas.

Pero esta vez ocurren tres elementos en contra. Por un lado, las fuerzas de derecha en Santa Cruz no se encuentran unificadas. Mientras la Unión Juvenil Cruceñista, una organización armada de la derecha, realizó un cabildo el lunes 2 en la noche llamando a protestar y bloquear instituciones públicas, por el otro lado, el Comité Cívico de Santa Cruz, llamó a presionar sobre la justicia y convocó a un “paro cívico escalonado” de 48 horas que comenzará el jueves 5, una decisión cuestionada por la Unión Juvenil por no ser suficientemente confrontativa.

La exigencia de suspender la toma de posesión también es levantada por la Unión Juvenil Cochala, de Cochabamba, que plantea la necesidad de conformar un “Gobierno de transición civil, policial y militar”. La fuerza de las protestas en esa ciudad es menor que en Santa Cruz y, en ambos lados, quedó evidenciado que no cuentan con una amplia legitimidad social.El segundo elemento en contra es la falta de apoyo de diferentes sectores de la derecha y de actores civiles o políticos. Tanto Carlos Mesa, quien resultó segundo el 18 de octubre con 28,83% de los votos, como Jorge Quiroga, quien se había retirado de la campaña, como Jeanine Añez, la presidente de facto saliente, no cuestionan los resultados electorales y la consecuente victoria del MAS.

Pero Mesa, Quiroga y Añez cuestionan una decisión tomada por el poder legislativo saliente, con mayoría del MAS: la eliminación de la necesidad de los dos tercios para aprobar las leyes, es decir la adopción del método de mayoría simple. Ese hecho ha motivado a algunos sectores a sumarse a las movilizaciones que piden auditoría, como ocurrió el martes en la noche en La Paz.

En cuanto a la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), en primer lugar, el presidente Monseñor Ricardo Centellas, se había sumado al pedido de auditoría, pero el martes 3 el secretario general adjunto de la CEB, José Fuentes, ratificó los resultados del 18 de octubre y el desempeño del TSE.

El tercer elemento contra un plan golpista de última hora, reside el hecho de que el TSE ratificó nuevamente los resultados y descartó una auditoría. La elección fue además reconocida y respaldada por la totalidad de los observadores internacionales, incluido la Organización de Estados Americanos, que había sido un actor clave en el golpe de Estado del 2019.

El plan

La carta desesperada de un sector de la derecha tiene poco tiempo: debe lograr un resultado antes de la transmisión de mando a Arce y Choquehuanca. Por el momento no ha desplegado una fuerza suficiente en las calles para acercarse al objetivo, en particular en La Paz, donde la movilización, si bien logró un respaldo, estuvo lejos de lograr la masividad.

Tampoco una contundencia en las calles, unificada a los grupos armados de derecha, significaría la posibilidad de lograr un golpe de última hora. La clave golpista parece ser, al igual que en el 2019, la participación de la fuerza policial y militar.

Los llamados a policía y las Fuerzas Armadas han sido constantes desde el inicio de este intento. Sin embargo, hasta el momento, a excepción de voces aisladas, no ha existido una respuesta visible al pedido de un sector de la derecha que se movilizó hasta las puertas de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales en Cochabamba a pedir que la policía se una al intento de golpe, o hasta la Octava División del Ejército de Santa Cruz para pedir la conformación de una “junta militar”.

La posibilidad de un giro dramático de la situación parece imposible sin una acción policial y militar. Pero los acontecimientos actuales pueden pensarse más allá de estos días inmediatamente críticos: el actual accionar de un sector de la derecha, su intento de instalar una duda sobre los resultados electorales, la activación de su base social en sus zonas fuertes como Santa Cruz y Cochabamba, puede anticipar el tipo de conflicto al cual deberá enfrentarse el nuevo Gobierno.

La pregunta principal en Bolivia, luego de haber pasado por un golpe de Estado, y en vista de los acontecimientos de estos días, es: ¿un sector de la derecha seguirá de aquí en adelante trabajando sobre una estrategia de desestabilización y acceso al poder política por una vía no democrática?

Estabilizar

La toma de posesión del nuevo Gobierno será seguida por la llegada de Evo Morales que ingresará por la frontera con Argentina, desde donde irá hasta Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, donde se formó como dirigente sindical. Esa llegada a su bastión, que se espera sea masiva, tendrá además el peso simbólico del tiempo: ocurrirá exactamente un año después de haber tenido que irse hacia México y luego hasta Buenos Aires.

Con el nuevo Gobierno al mando y el regreso de Morales, se espera que la situación de amenazas se aplaque. El escenario que deberá enfrentar Arce, que llama al fin de las movilizaciones de la derecha, será complejo. Por un lado, tendrá que estabilizar la economía, para lo cual ya anticipó que serán necesarios cerca de dos años. El Producto Bruto Interno ha caído más del 8%, la desocupación pasó el 30%, y la deuda externa pasó de 3.000 millones de dólares a 11.000 millones.

Por el otro lado, tendrá que estabilizar la situación política, algo que se anuncia complejo. Una de las cuestiones será avanzar en juicios por las responsabilidades ante, por ejemplo, las masacres ocurridas en la localidad de Sacaba, el 15 de noviembre del 2019, con ocho personas asesinadas, y en Senkata, el 19 de ese mismo mes, con 10 muertos.

Ya desde el poder legislativo saliente, que terminó su mandato el martes 3, se planteó la necesidad de realizar juicios por lo ocurrido, en particular en el caso de Añez. Sin embargo, la situación tiene otras complejidades tratándose de la responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas o de la policía: ¿cómo aplicar un proceso de justicia sin desatar reacciones amenazantes por parte de quienes fueron claves en el golpe?

Uno de los temas centrales en Bolivia será lograr una estabilidad política, algo que se anuncia complejo en vista de los últimos intentos golpistas, los anuncios de algunos dirigentes de la derecha y sus organizaciones, y lo que ya aparece como la decisión de esos sectores de avanzar por fuera de los carriles democráticos, algo que representa una amenaza creciente no solo en el país, sino en el continente latinoamericano.

Fuente: Marco Teruggi en https://mundo.sputniknews.com

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