La vida o la libertad

Nos dan a escoger entre la libertad o la vida como alternativas: si tenemos elecciones, perderemos la vida, dicen.

El jueves 30 de abril, en medio de un sonado “petardazo” ciudadano, la senadora Eva Copa promulgó la Ley de Postergación de las Elecciones 2020, determinando que éstas se lleven a cabo en un plazo máximo de 90 días a partir de su promulgación. Inmediatamente, la Presidenta transitoria rechazó la realización de elecciones “hasta que éstas no sean un riesgo para la vida y la salud”. Un coro de opinadores y políticos la secundó: aquél que pide elecciones en realidad quiere la muerte de la población. La sustentación de la impugnación que se hizo de esa ley ante el Tribunal Constitucional asume que el derecho a la salud debe primar sobre el derecho a elegir.  Así, nos dan a escoger entre la libertad o la vida como alternativas: si tenemos elecciones, perderemos la vida, dicen. Si recuperamos la libertad de elegir a quienes nos gobiernan, enfermaremos y moriremos irremisiblemente, auguran.

Pero ¿cuándo esos dos conceptos se hicieron excluyentes? ¿Qué gran diferencia puede haber entre hacer cola durante 30 minutos para emitir tu voto y hacer cola durante horas para cobrar un bono? ¿Qué diferencia hay entre quienes entregan comida a domicilio y quienes entregan papeletas y ánforas? ¿Se puede estudiar una licenciatura vía internet pero no se puede capacitar jurados electorales por esa misma vía? Si estamos dispuestos a abrir las fábricas, las empresas y las oficinas del país para evitar un colapso económico, ¿no deberíamos, con mayor razón, estar dispuestos a votar para evitar el colapso social y democrático?

Dicen que la Ley de postergación no es constitucional porque la presidenta del Senado no puede hacer las veces de presidenta de la Asamblea Legislativa. Y lo dicen quienes aceptaron sin pestañear que la segunda vicepresidenta del Senado haga las veces de Presidenta del Estado.

Dicen que la Asamblea Legislativa Plurinacional es ilegítima e ilegal, porque su mandato se cumplió en enero y, por tanto, todas sus acciones son nulas de pleno derecho. Y olvidan que la señora Áñez funge de presidenta en virtud de su mandato como senadora, elegida en la misma fecha y legislatura que el resto de los asambleístas. Si se cierra el Congreso, no solamente estarían confirmando el golpe de Estado que tanto niegan, sino que la señora Áñez tendría que irse también a su casa.

Piden que se posterguen las elecciones sin fecha, hasta que se venza una pandemia que, dicen los expertos, nos acompañará por lo menos otro par de años. Piden reconfigurar los mapas de votantes en función a la población de cada zona, olvidando que nuestra geografía electoral es territorial y no poblacional. Piden regresar a foja cero en el proceso electoral, con la esperanza de, esta vez, vetar la participación del Movimiento al Socialismo (MAS). Quieren recomenzar todo, con la ilusión de que el desquite les permita mejores resultados.

El hecho es que, como está de fracturado nuestro tejido social y de dañada nuestra institucionalidad democrática, las elecciones son la última esperanza que nos queda de resolver nuestras diferencias de forma pacífica. El Gobierno transitorio se balancea sobre columnas de paja: no tiene autoridad política ni moral, no genera consensos, se derrumbaría de un soplo si no estuviera sostenido por las armas del Ejército. Su única función y objetivo constitucional era llamar a elecciones en un máximo de 90 días. Ya han pasado 180 días de su gestión, que esta ley acaba de renovar por otros 90, y así todavía interpone demandas para evitar cumplir con su único objetivo: devolver al pueblo la libertad de elegir a su Gobierno. Defender la salud y la vida es solo una excusa, saben perfectamente que si las elecciones se llevaban a cabo la semana pasada, como estaba previsto, habrían perdido. Y saben también que si se llevan a cabo dentro de 90 días, seguirán perdiendo. Tomaron el poder en los hombros de una mentira y su apoyo popular mengua todos los días. Pero han cometido tantos errores, delitos y tropelías que temen que si le devuelven al pueblo la soberanía, van a llegar al final de su vida política. Y quizás también de su libertad.

POR VERÓNICA CÓRDOVA, 10 de mayo de 2020

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