Se acerca septiembre, fecha aprobada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la realización de las elecciones en Bolivia, y con ello aumenta la temperatura del enfrentamiento político interno.
Las discrepancias sobre los plazos para la realización de las elecciones presidenciales constituyen hoy el motivo de turno para el recrudecimiento de una disputa que involucra a los principales grupos políticos de derecha en el país, incluyendo a la actual presidenta, Jeanine Añez, en su afán por desaparecer del mapa político electoral al ahora partido opositor, Movimiento Al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales.
Este calentamiento político ha estado impulsado, principalmente, por el afán de poder que predomina entre estos grupos y la pésima gestión presidencial de la propia Añez y su equipo de Gobierno, lo cual ha puesto al MAS en una posición privilegiada de cara a los comicios fijados para el próximo 6 de septiembre.
Precisamente esta situación ha despertado en los grupos más radicales la idea sobre un auto golpe militar, acción que les garantizaría crear las bases legales para perpetrarse en el gobierno.
Nuevamente la cúpula militar boliviana, con el apoyo y asesoramiento de los servicios de inteligencia norteamericanos, organiza la maniobra para pasar por encima del orden constitucional, aunque la decisión de romper con la constitucionalidad no es unánime entre los contendientes de corte derechista.
A pesar de la participación en este plan de varios de los personajes que estuvieron implicados en el golpe de estado de noviembre (alertado con antelación en esta propia web), como Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Manfred Reyes; las figuras claves de este plan son ahora el ministro de Gobierno, Arturo Murillo y el ministro de Defensa, Fernando López, quien precisamente fuera la persona encargada de reclutar a los militares activos para sacar a Evo Morales de la presidencia y ahora le tocaría esta misma función, aunque sobre bases diferentes.
Este grupo, como es de suponer, no funciona de manera autónoma, las orientaciones y el financiamiento nuevamente vienen desde la Embajada de los Estados Unidos en La Paz.
En este sentido Rolf Olson, oficial CIA con participación anterior en los hechos de noviembre del 2019, ha estado organizando y dirigiendo cada una de las acciones contempladas en este plan. Desde su cobertura diplomática como Jefe de la Oficina Política, se ha estado reuniendo en secreto con las partes encargadas de su articulación.
Entre los documentos confidenciales consultados (algunos pertenecientes a la Embajada de EEUU) fuentes ubicadas en el entorno al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, describen el desarrollo de estas reuniones secretas realizadas los días 2, 11 y 14 de julio del presente año, donde fueron adoptados los últimos acuerdos para la ejecución final del plan. Estas reuniones tuvieron como sede la propia casa del expresidente Tuto Quiroga y el Palacio Presidencial.
El objetivo principal de este plan se centra en postergar las elecciones hasta el 2021, presumiblemente octubre, buscando tiempo para reconfigurar las fuerzas electorales (fortalecer la coalición y debilitar al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa), inhabilitar legalmente al MAS y dar cumplimiento a los compromisos contraídos con el gobierno de EEUU en lo que concierne a la entrega de recursos estratégicos.
Estos compromisos están, básicamente, centrados en la venta de gas y la explotación de los yacimientos de litio, es decir, la decisión de entregar para su explotación estos recursos a compañías transnacionales de capital estadounidense.
Las acciones principales del plan golpista serían las siguientes:
A) Generar presión sobre el TSE y su Presidente Salvador Romero para que este se vea obligado a suspender la actual convocatoria a elecciones.
Lo primero sería convocar a los principales partidos políticos de la Coalición a exigir públicamente la postergación de las elecciones.
No sería un pronunciamiento colectivo, sino que lo haría cada cual por separado. Estos pronunciamientos ya se están produciendo.
Tuto Quiroga protagonizaría la solicitud de postergación, sobre la base del crecimiento de los casos de Covid -19, y se sumarían posteriormente el cívico y agente CIA, Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina, este último en representacion de la alianza JUNTOS de Añez.
Paralelamente, Camacho implementaría acciones de desacato al TSE con Los comités cívicos, para obstaculizar de una vez y por todas las elecciones en Santa Cruz de la Sierra. Para esto ya están coordinadas las acciones con las agrupaciones paramilitares Juventud Kochala de Cochabamba y la Resistencia de La Paz.
La idea sería lograr que, al menos, el TSE postergue las elecciones por un mes más y de esta forma seguir presionando hasta que definitivamente anule esta convocatoria.
En caso de que esta acción prospere, ya se ha coordinado con la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, el respaldo y pronunciamiento a favor de esta medida. Para esto ha sido trasladado a Washington, en el cargo de ministro consejero en la misión diplomática boliviana ante la OEA, al colaborador de la CIA, Erick Foronda Prieto.
B) Creación de un falso positivo de guerrilla clandestina, adjudicado al MAS, que se encargaría de generar acciones violentas en función de desestabilizar el país y crear las condiciones para una guerra civil, de forma tal que se justifique la postergación de las elecciones.
Para esto, se ha puesto en marcha una operación encubierta, asesorada por servicios de inteligencia extranjeros (EEUU e Israel) y coordinada con el alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el objetivo de responsabilizar al MAS y a sus principales líderes, de las operaciones violentas que se han comenzado a ejecutar y que tendrán su máxima expresión en el transcurso de los meses de julio y agosto.
La idea es provocar temor en la población y a su vez rechazo hacia el MAS, creando las condiciones sociales para el enjuiciamiento a sus principales líderes, incluido su candidato presidencial Luis Arce.
En este sentido, con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, a través de su agregaduría militar (principalmente el mayor Matthew Kenny Thompson), y el apoyo del Mossad israelita, se crearon y entrenaron grupos paramilitares integrados por oficiales de bajo rango y leales a los mandos militares actuales, con el objetivo de ejecutar operaciones encubiertas de corte violento (atentados, sabotajes, francotiradores, entre otras) para luego atribuírselas al MAS.
El propio Arturo Murillo es quien ha estado coordinando y controlando el cumplimiento de estas acciones, además es el responsable de conformar las pruebas para vincular al MAS.
C) Finalmente: el auto golpe militar.
De no poder cambiar la decisión del TSE de postergar las elecciones con las acciones anteriores, están decididos a forzar el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya sea por la vía jurídica o mediante la irrupción de los militares.
Para ello Fernando López, ministro de Defensa, ha reclutado a altos Jefes militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para dirigir esta acción militar.
Arturo Murillo ha expresado en las reuniones privadas con los funcionarios de la oficina política de la Embajada de los EEUU en La Paz que es altamente posible lograr que militares y policías formen un bloque en la dirección de este nuevo golpe, tal y como ocurrió en noviembre para sofocar las protestas de los movimientos sociales.
No obstante, Tuto Quiroga ha sido encomendado para buscar una manera Constitucional y jurídica de cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Él mismo ha sostenido en estas reuniones que si a los militares se le dio “plata” para garantizar su apoyo en noviembre del 2019, ¿por qué no hacerlo nuevamente?
Entre los principales jefes militares activos reclutados para la articulación de este plan están:
1. General de División, Sergio Orellana Centellas, comandante General de las Fuerzas Armadas. Posicionado en el cargo en marzo 2020, luego a mediados de mayo de 2020 protagonizó la entrada ilegal de varios oficiales del servicio armado a la Asamblea Legislativa exigiendo al congreso que ratificara los ascensos militares del 2020.
2. General de División, Pablo Arturo Guerra Camacho, jefe del estado Mayor de las FF.AA. Participo junto a Orellana en la incursión ilegal al congreso en mayo pasado.
3. General de Brigada, Ciro Orlando Álvarez Guzmán, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Era el segundo jefe de la FAB cuando se produjo el golpe de estado contra Evo. Fue posicionado por Añez como jefe, inmediatamente después del golpe.
Mantiene estrechas relaciones con militares brasileños del círculo cercano a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.
4. General de Brigada, Rubén Salvatierra Fuentes, comandante del Ejército boliviano. Participó junto a Orellana en la incursión ilegal al congreso en mayo 2020.
5. Contra-almirante, Moisés Orlando Mejías Heredia, comandante de la Armada boliviana. Participó junto a Orellana en la incursión ilegal al congreso en mayo 2020.
Existe una alta penetración de los servicios especiales norteamericanos en las instituciones castrenses, lo cual se ha utilizado para posicionar a oficiales de confianza en la mayor parte de la estructura de mando. Todos estos oficiales fueron posicionados por Jeanine Añez al asumir las riendas del Estado, por recomendación de la Embajada de EEUU, a través de Eric Foronda, en ese momento su asesor principal.
Además, forman parte de este grupo los militares de la reserva agrupados en la coordinadora nacional militar, liderados por el General Remberto Siles y los Coroneles Julio Maldonado, Oscar Pacello y Carlos Calderón.
Paralelamente las FF.AA, desde mediados de mayo, están ejecutando acciones de ciber-espionaje masivo, dirigido a monitorear a los principales miembros del MAS, comunidad ciudadana y periodistas. Para esto han puesto en práctica el sistema para el monitoreo y control de líneas celulares, Imsi Catcher, el cual recopila toda la información referente a los contactos, mensajería de voz y texto, así como su ubicación física, entre otros datos de interés.
Por otro lado, el gobierno de los EEUU ha decidido fortalecer su estación de la CIA en La Paz para apuntalar el trabajo que ha venido desarrollando su jefe de estación Rolf Olson, de manera encubierta.
Es previsible que, próximo a la fecha prevista para las elecciones, se realicen movimientos de funcionarios diplomáticos así como la entrada al país de efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales del Comando Sur (al igual que en noviembre) con tareas dirigidas a La preparación del terreno previo a la desestabilización.
Todo este plan evidencia la desesperación que prima hoy en el ala más radical de la derecha boliviana ante la real posibilidad de perder nuevamente el poder, incentivado por la gestión deficiente que ha tenido Añez en el gobierno. Existe una decisión expresa, por parte de este grupo, de hacer lo que sea para no entregar nuevamente el país al MAS, y ni siquiera a Carlos Mesa.
En este sentido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional jugaran un rol fundamental en favor de los intereses de la coalición derechista.
Lo que no prevé este plan es la magnitud del riesgo de una explosión social con consecuencias impredecibles….
Fuente: NicaraguaRebelde; Publicado original en inglés por Behind Back Doors